El expresidente Donald Trump inició su nuevo mandato con una serie de decretos relacionados con la inmigración. Estas acciones incluyen declarar una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, poner fin al uso de la aplicación CBP One y comenzar el proceso para eliminar la ciudadanía por nacimiento. Estas medidas ya han generado fuertes debates y desafíos legales.
Cambios en el Liderazgo de Inmigración
En un movimiento inesperado, Trump removió al liderazgo sénior del Departamento de Justicia encargado de supervisar los tribunales de inmigración. Este cambio afecta directamente a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que decide el futuro de muchos inmigrantes en el país. Entre los removidos están:
- Sheila McNulty, jueza principal de inmigración.
- Mary Cheng, directora interina de la EOIR.
- Jill Anderson, consejera general de la EOIR.
- Lauren Alder Reid, directora asistente interina de Administración.
Estos cambios han levantado dudas sobre su legalidad y han sido interpretados como un intento de alinear a los funcionarios con la visión política de la administración Trump.
Fin de la Aplicación CBP One
Trump también cerró la aplicación CBP One, una herramienta clave para gestionar las citas de inmigrantes en los puertos de entrada. Desde su implementación en 2023, más de 936.500 personas la usaron para programar citas. Sin embargo, con su suspensión, las restricciones de asilo permanecen en vigor, dejando a muchos migrantes en una situación incierta.
Promesas de Campaña Cumplidas
Estas medidas reflejan promesas de campaña de Trump y políticas que no se implementaron en su primer mandato. Entre las nuevas órdenes ejecutivas destacan:
- Iniciar el proceso para eliminar la ciudadanía por nacimiento.
- Suspender el reasentamiento de refugiados por cuatro meses.
- Implementar la política «Permanecer en México», en espera de aprobación por parte de México.
Impacto en la Seguridad Fronteriza
La declaración de emergencia nacional activa recursos adicionales para reforzar la frontera sur. Además, Trump ha designado a varios carteles como organizaciones terroristas, incluyendo al Tren de Aragua y MS-13. Esta acción busca expulsar a los miembros de estas pandillas bajo estrictas leyes de seguridad.
¿Qué Sigue?
Los decretos de Trump están diseñados para resistir posibles desafíos legales, una lección aprendida de su primer mandato. Sin embargo, ya enfrentan demandas de organizaciones de derechos civiles, que argumentan que algunas medidas violan la Constitución de los Estados Unidos.
Por ahora, los cruces fronterizos han disminuido en comparación con administraciones anteriores. Sin embargo, expertos advierten que el cierre de CBP One podría provocar un aumento en los cruces irregulares.
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Milton Toro Marquez / EL Toro de Imigración